En medio de la cuestión ambiental y de las discusiones en torno de las consecuencias de los cambios climáticos, están los conflictos generados en las comunidades, por proyectos de explotación minera. Según la Base de datos de Conflicto Mineros en América Latina, del Observatorio de Conflictos Ambientales, los proyectos mineros, que afectan centenas de comunidades, y generaron 120 conflictos en 15 países solamente en América Latina.Según el sistema, son las comunidades brasileras las más afectadas por esa actividad, con 21 proyectos de 37 empresas que generaron 21 conflictos en 34 comunidades. Además de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, también sufren el mismo problema.
Un balance sobre la gestión ambiental del poder ejecutivo en El Salvador reveló que la actividad minera termina el año 2010, con resultados negativos. Un informe del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, mostró la alta demanda de empresas interesadas en la explotación minera en El Salvador, con más de 70 solicitudes. Sin embargo, apenas 10 de estos proyectos habrían hecho un estudio de los impactos ambientales.
En virtud de esta demanda es que presidente Mauricio Funes, tomó la decisión, considerada como uno de los pocos puntos positivos del balance, de no recibir más proyectos, mientras no fuese hecha la Evaluación Ambiental estratégica de la minería. La Comisión Nacional contra la minería en El Salvador también se mostró en alerta ante tanta búsqueda por la explotación minera del territorio.
Luego de asumir su cargo, el presidente del país se mantuvo firme en su postura anti-minería y hasta reveló ser favorable a una Ley que prohíba definitivamente la explotación mineral de metales. Pero, a pesar de la postura del jefe del país, el Ministerio de Economía y el del Medio Ambiente declararon que poder ejecutivo no tiene ninguna postura definida en relación a la minería, y que ésta dependería de los resultados de una evaluación ambiental.
Los representantes de los referidos ministerios, inclusive ya habrían pedido a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, esperar por los resultados de la evaluación ambiental, para entonces, tomar una posición sobre la prohibición o permisión de la explotación minera de metales.
Ya en Perú, el sexto informe del Observatorio de Conflictos Mineros alertó sobre la intensidad y el aumento de los conflictos involucrando proyectos de minería. El documento destaca que el aumento de las concesiones mineras ya superó los 21 millones de hectáreas, siendo que solo en un año las concesiones alcanzaron casi 2 millones de hectáreas.
Es la dimensión territorial de la minería una de las principales causas de los conflictos. Las regiones que concentran la mayoría de las concesiones en Perú son Arequipa, Puno, Cajamarca, Ancash, La Libertad, Ayacucho, Lima, Cusco e Apurímac.
Aun que la concesión no represente el desarrollo de los proyectos, las entidades se preocupan por la rapidez y la facilidad con que se autorizan los proyectos.
Aun que la concesión no represente el desarrollo de los proyectos, las entidades se preocupan por la rapidez y la facilidad con que se autorizan los proyectos.
Se estima que en América Latina más de 9 millones de personas dependen de la minería artesanal para vivir. En el mundo cerca de 43 millones de personas trabajan en minería, que es el segmento que registra mayor índice de mortalidad laboral, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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