La ambición empresarial del empresario leonés Victorino Alonso García, –que concentra en sus manos las dos terceras partes de la producción nacional de carbón-, de sus accionistas y de quienes mantienen pactos inconfesables con él, está provocando tal grado de destrucción medioambiental –y ahora también cultural- (1) en España, con el beneplácito de la Administración estatal, que la Comunidad Europea se ha visto en la necesidad de intervenir, ni que sea simbólicamente.
Las acusaciones del organismo europeo apuntan hacia la Junta de Castilla y León y hacia el mismo Gobierno de la nación, por su complicidad en unas actuaciones indignas. Me resulta imposible imaginar que puedan producirse en ningún otro país europeo moderno sin levantar una oleada de protestas. Por desgracia, y para vergüenza nuestra (porque también algo tendremos que ver cada uno de nosotros con esta situación), nuestro país continúe situándose todavía entre los primeros en el ranking de la corrupción europea. Y no sólo inmobiliaria.
Son El Bierzo y Laciana, ambas comarcas situadas en el límite occidental de la provincia de León, las que se encuentran más afectadas por los proyectos denunciados –pasados, actuales y futuros- del empresario Alonso García. Pero la situación no es muy diferente en Asturias o Palencia, en donde el gerente principal del Coto Minero Cantábrico también mantiene explotaciones. La Unión europea acusa a “Minero Siderúrgica de Ponferrada” (MSP), la antigua empresa minera berciana adquirida por el magnate del carbón, de obtener licencias fraudulentas y sin previos estudios medioambientales. Y todo ello contando con la indispensable complicidad de la Junta de Castilla y León (PP)y de los partidos políticos mayoritarios. Brazos en la sombra de un empresario atilano al que ciegamente secundan las iniciativas con el pretexto de proteger el empleo en unas zonas de poco desarrollo económico.
La acusación pone en el candelero de la actualidad un conflicto que enfrenta a ecologistas y mineros desde hace más de una década, y en el cual los primeros continúan viéndose desprotegidos, además de haber llevado siempre la peor parte. Así, en vez de apostar por inversiones en energías renovables, agricultura ecológica o turismo sostenible, entre otras no contaminantes, que han demostrado ser una importante fuente importante de renovación y de ingresos en otros países, el Gobierno autonómico y socialista se inclinan todavía por proteger un sector sin futuro y que, con los números en la mano, ya está resultando a todas luces deficitario. Y esto sin contar con que, si no se aportan las correcciones técnicas necesarias a las centrales térmicas, se contribuirá muy poderosamente a agravar el problema del cambio climático.
En este contexto, Victorino Alonso, un empresario conocido por sus pocos escrúpulos (2), se ha erigido en pocos años en el gran cacique de la minería española. Para ello ha contado con el apoyo de poderes políticos y económicos poco claros, y que los medios de comunicación han colaborado en ocultar con celo a la opinión pública. Y aunque tengo noticias de que el empresario ha sido anteriormente procesado, no recuerdo que haya sido encarcelado nunca.
Sin embargo, sus tropelías empiezan a ser vox populi entre los adictos a la comunicación digital. Es posible que sea por este motivo, u otros similares, que el Ejecutivo socialista, presionado por quienes desean mantener bajo un férreo control a la opinión pública, esté diseñando un plan para controlar a estas pocas voces discrepantes en la red. Por el momento, el gobierno de Zapatero (PSOE) ya ha destinando un importante presupuesto nacional para alcanzar este objetivo. ¡Y como nos durmamos en los laureles acabaremos con un micrófono debajo de nuestra almohada! Mientras tanto, más de un millón de familias tienen a todos sus miembros en situación de paro sin percibir ayuda económica alguna, y varios millones más sobreviven con unos subsidios miserables de 400 euros y pico mensuales. Y el resto del país, los que cuentan con un trabajo o pensiones adecuadas, ni se entera, ni se inmuta.
Cuando el desánimo nos atenazaba de una manera ya casi insoportable, la Comisión Europea acude a aportarnos un poco de esperanza. Su intervención no es casual, sino que viene precedida de un larguísimo rosario de denuncias que llevan ya una década llamando a la puerta del organismo europeo. Es el fruto del trabajo de gente asociada en entidades como “Filón Verde” (3), de eurodiputados honestos vinculados al partido de Los Verdes, y también de muchos más a los que deberíamos estar agradecidos.
El periodista David Bollero, especialista en denuncias sociales, sacaba a la luz el día 22 de enero la noticia de marras en el diario “Público”. Un periódico que, pese a sus ligámenes socialistas, continúa sorprendiéndonos de cuando en cuando con la presencia en sus páginas de algunos periodistas valientes (4).
Europa saca los colores a la Administración española.
En su escrito, la Comisión Europea reconoce irregularidades por parte de la Administración española en la concesión de licencias para explotaciones a cielo abierto en la comarca de Laciana (León). Aunque nada dice del Bierzo, en donde Alonso continúa sin embargo imponiendo su ley a través de sus hombres de paja. Según publica el Diario Oficial de la UE, la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada obtuvo licencias para sus explotaciones de carbón sin su debida declaración de impacto ambiental.
Este hecho se agrava por la localización de las explotaciones de Nueva Julia, Los Ladrones y Fonfría, en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en el Espacio Natural Alto Sil. La CE asegura que “los posibles efectos sobre las especies más vulnerables” de estas explotaciones no han sido tenidos en cuenta. En este sentido, la CE subraya no sólo que se pueden destruir zonas críticas para estas especies, sino también hábitats potencialmente aptos para su recuperación. Europa incide, incluso, en el incremento de las perturbaciones en los animales, así como en la posible fragmentación de sus poblaciones. Otras especies amenazadas son corzos, jabalíes, lobos, rebecos o grandes robledales.
Así pues, una vez más, y aunque sea a misa pasada, las reglas de protección de la naturaleza establecidas recientemente por la Comunidad Europea vienen a ser como una boya de salvamento. ¡A buena hora mangas verdes! Como si la corrupción y el desastre paisajístico no hubiesen sido motivos más que suficientes para intervenir. Ahora, Filón Verde reclama que la sanción no sed traduzca únicamente en multas a la empresa minera -y al estado español como corresponsable en los atentados ecológicos-, sino que debería forzar la depuración de responsabilidades políticas, con la dimisión de los implicados y la exigencia de responsabilidades civiles y económicas que permitieran aliviar los desmanes cometidos. No olvidemos que los planes de Victorino Alonso, dueño también de Uminsa, pasan por abrir al menos cuatro nuevas explotaciones de aquí a 2012. Para éstas ya se habrían realizado debidamente los estudios de impacto ambiental, según apunta Juan José Valverde, portavoz de la empresa minera.
Los daños medioambientales provocados por Victorino Alonso traerán graves consecuencias económicas para nuestros bolsillos. Es evidente que quienes trabajan para él verán esto como un mal menor. Pero no pensarán así quienes nada tienen que ver con sus negocios y, sin embargo, acabarán pagándo como si fueran suyos. Esta situación me trae a la memoria otra que afectó a la Generalitat de Catalunya en el 2002. El Gobierno catalán tuvo que pagar una elevadísima multa a la Comisión Europea por ceder sus políticos a las presiones inmobiliarias y negarse a cumplir los requisitos impuestos por el organismo europeo para la construcción de la “Red Natura 2000”. La sanción, créanme, fue más que salada. Y al final, de todos modos, Cataluña se vio igualmente obligada a cumplir con las directrices europeas. ¿Cuánto nos costará en esta ocasión la nueva sanción provocada por Victorino Alonso? ¿Quién, o cuando, se sacará a la luz toda la trama política que se oculta tras el imperio de este señor?
Para acabar, y quedarnos con una sonrisa no amarga en la boca (pese a la gravedad del asunto), traslado aquí alguno de los comentarios subidos a la red sobre el tema. Los que conocen las andanzas del empresario minero los comprenderán rápidamente. Uno lo firma un tal Pablo y dice así: “No se compran las minas; se compran los cupos de carbón que éstas tienen contratado con las centrales térmicas. Luego se compra carbón en Ucrania y en Polonia y a hacer caja. Se desembarca en el puerto del Musel en Gijón y aunque las minas no produzcan nada pues es igual”. Y otro, firmado por Merlín, que pregunta:”Pero, ¿cuánto es la sanción? Porque si la subvención al carbón era de unos miles de millones de euros para la minería nacional este año, arreglar los destrozos es, o debería ser otros tantos millones más; hay que pagar cuotas de CO2 y multas… ¿No sería más rentable poner a los trabajadores a hacer ganchillo cobrando el sueldo y vendiendo los jerséis?” O un tercero, firmado por Comité Espartaco: “Y lo más cómico de todo es que una de las explotaciones se llama “Los ladrones”…Pura poesía”. Ironía en estado puro del ingenio español (5).
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