INFORME INDEPENDIENTE SOBRE LA DESTRUCCIÓN AMBIENTAL CAUSADA POR LA MINA PORGERA (11 de diciembre de 1995) Observar la vigencia de este artículo, han transcurrido casi 15 años a la fecha.
El Instituto de Política Minera (Mineral Policy Institute), la Ayuda Comunitaria en Ultramar (Community Aid Abroad), la Fundación de Conservación de Australia (Australian Conservation Foundation) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature) hicieron hoy un llamado para la detención inmediata de la destrucción continua del ambiente, y de las amenazas a la salud para la población local, provocadas por la mina de oro en Porgera, Papúa Nueva Guinea.
Dichos grupos alegan que la contaminación causada por la mina, la cual está manejada por tres empresas australianas, es peor que la contaminación provocada por la mina Ok Tedi.
Un informe independiente, elaborado por el Instituto de Política Minera, ha dado a conocer lo siguiente:
"La compañía minera contamina el entorno de 7.000 personas con altos niveles de metales pesados que son potencialmente tóxicos.
La salud y el bienestar de la comunidad local se ven amenazados por la contaminación y sus impactos sobre la vida silvestre, las granjas y el medio ribereño.
Algunos metales pesados alcanzan niveles que son 3.000 veces los límites legales de Papúa Nueva Guinea, pero se ocultan estos datos por una inadecuada fiscalización y suministro de información".
Este informe se basa en el trabajo de Philip Shearman, un asesor al Foro de Apoyo de Derechos Individuales y Comunitarios (Individual and Community Rights Advocacy Forum), y examina los impactos de la mina, propiedad conjunta de Placer Pacific, Renison Goldfields Consolidated, Highlands Gold (Mount Isa Mines) y del Gobierno de Papúa Nueva Guinea.
Los grupos manifestaron que las compañías mineras deben empezar de inmediato a construir un embalse de almacenamiento para los desechos mineros nocivos, a fin de evitar más daños al medio ambiente, incluso la contaminación de los ríos con altos niveles de mercurio, arsénico y otros metales pesados.
También hicieron un llamado para una indagación inmediata e independiente sobre las denuncias de muertes de aldeanos, que se dieron como resultado aparente de la ingestión de comestibles contaminados. La muerte de un aldeano, denunciado por un médico en el Hospital Sopas como resultado posible del envenenamiento con arsénico, provoca preocupaciones serias sobre la contaminación. Los grupos sostienen que el Gobierno australiano condona, o incluso activamente promueve, la contaminación del sistema fluvial al otorgar y suministrar seguros y préstamos.
Por otra parte, los grupos pidieron que el Gobierno realizara una indagación independiente y detallada sobre la operación de todos los proyectos mineros que son propiedad de, o manejados por, australianos en la región Asia/Pacífico, y la implementación de un código de conducta con fuerza legal para las compañías australianas que tienen operaciones en ultramar.
RESUMEN
PORGERA: UN LEGADO DE DESTRUCCIÓN
La mina de oro de Porgera en la provincia Enga de Papúa Nueva Guinea inició operaciones en 1990. En un corto período de cinco años, en la región aislada de Papúa Nueva Guinea, la mina ha provocado una enorme destrucción ambiental, así como una gran desarticulación social. La contaminación que se relaciona con la mina es peor que la contaminación de la mina de mala fama Ok Tedi.
El funcionamiento de la mina Porgera, de lo cual hasta ahora en gran parte no se ha rendido informe, recalca el pésimo récord ambiental, social, económico y de derechos humanos de las compañías mineras que son propiedad de australianos o que tienen su sede en este país. Se exige la atención inmediata del Gobierno australiano para fiscalizar las actividades de estas compañías y dejar de asegurar y subsidiar los proyectos que redundan en desastres económicos, sociales y ambientales para los propietarios locales y Papúa Nueva Guinea.
MATERIALES PELIGROSOS
La mina descarga desechos peligrosos que son potencialmente tóxicos, en cantidades muy superiores a los niveles permitidos por la ley australiana, o por la ley de Papúa Nueva Guinea.
Se han medido estas descargas en niveles que alcanzan hasta 3.000 veces los límites de Papúa Nueva Guinea. Los niveles de metales pesados cerca del lugar de descarga son tan altos que el área sería declarada un sitio contaminado en Austalia y probablemente causaría que el NHMRC hiciera un llamado para una investigación de los impactos sobre la salud humana. Estos niveles de contaminación normalmente solo se encontrarían en los sitios industriales más contaminados del mundo.
NIVELES DESCONTROLADOS DE MERCURIO
No hay restricciones legales sobre la cantidad de mercurio que Porgera descarga en el río Strickland, a pesar de un amplio reconocimiento de que éste es uno de los metales pesados más nocivos. Los niveles de mercurio por debajo del sitio minero son tan altos que por lo general solo se les encontraría debajo de una mina de mercurio.
Esta situación presenta un riesgo inaceptable a la salud humana, y no se permitiría ni en Australia ni en otros países desarrollados. Solamente ocurre porque la mina y el gobierno se han puesto de acuerdo en no poner límites a los niveles de contaminación de mercurio, ya que saben que la mina, como actualmente está, no podría cumplir con ninguno de los estándares que se consideran seguros para los seres humanos y los ecosistemas.
DESTRUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE SUSBSISTENCIA DE LOS PROPIETARIOS
Los aldeanos creen que la contaminación de metales pesados y los altos niveles de sedimento destruyen los jardines ribereños y la población de peces, y tienen un impacto sobre otras especies, tales como los cocodrilos y las tortugas. Los niveles de sedimento parecen alcanzar niveles muy superiores a los niveles estimados por la Empresa Conjunta Porgera (Porgera Joint Venture).
Los jardines ribereños y los recursos alimenticios también están destruidos, debido a que han sido enterrados en el sedimento. Por otra parte, el sedimento provoca desbordamientos del río, y obstaculiza la reproducción de peces y cocodrilos al eliminar los pozos de agua limpia donde esta reproducción normalmente tiene lugar. Los aldeanos manifiestan que esto redunda en severos impactos en la disponibilidad de comestibles y artículos para el comercio, tales como pieles de cocodrilos. Además, el río pierde profundidad y la corriente fluye más rápido, lo que dificulta viajes por ello.
UNA ZONA DE 140 KILÓMETROS SACRIFICADA POR LA CONTAMINACIÓN
El Gobierno de Papúa Nueva Guinea ha permitido que los primeros 140 kilómetros del río debajo de la mina se conviertan en una zona sacrificada, sin límites de los niveles de metales pesados peligrosos y potencialmente letales. Más de 7.000 personas habitan esta área y, por lo tanto, efectivamente están sujetas a un régimen ambiental que permite la contaminación sin límite alguno de su medio.
La contaminación continua del medio de la comunidad de Papúa Nueva Guinea, y la subsiguiente desarticulación social y el sufrimiento, son abusos de los derechos humanos. Hasta la fecha, estos abusos han sido condonados o aun promovidos por el Gobierno australiano, tanto de forma directa, por el otorgamiento de seguros y préstamos, como de forma indirecta, por mantenerse callado en cuanto a asuntos como Ok Tedi, Porgera y Lihir.
DENUNCIAS DE MUERTES Y PROBLEMAS DE SALUD
Ha habido denuncias difundidas de muertes a lo largo del río Strickland que los aldeanos relacionan con el consumo de animales. El administrador del distrito local informó de 133 muertes extrañas entre 1991 y 1993, sobre las cuales se pidieron los comentarios de PJV. Recientemente, Dr. John Konga, un funcionario del hospital Sopas Adventist en Wabag, en la provincia de Enga, examinó un muerto de la Aldea Ambi, Lago Kopiago. Comentó que las pruebas de sangre indican que la muerte podría haber sido causado por un envenenamiento con arsénico. La naturaleza súbita de estas muertes en una región con niveles significantes de metales pesados, incluyendo el arsénico, exige una investigación independiente más detallada.
PLACER Y LA MINA DE ORO DE PORGERA
por Danny Kennedy del Multinational Monitor (marzo 1996; pp.22-24)
La mina Porgera en la provincia Enga de Papúa Nueva Guinea (PNG), en operación desde 1990, es una de las minas de oro más grandes y más rentables del mundo.
También puede ser una de las más contaminadoras. Un informe reciente, difundido por el Instituto de Política Minera (MPI) de Australia, sostiene que la "contaminación asociada con esta mina es peor que la de la tristemente célebre mina Ok Tedi (1)." El director-gerente de Placer Niugini, la filial en PNG de la compañía minera Placer, defiende la Porgera Joint Venture (PJV, una empresa conjunta de tres compañías australianas, Placer, Renison Goldfields y Highlands Gold), manifestando al parlamento de PNG en diciembre de 1995, que las denuncias "no tenían fundamento alguno".
Cada día la mina Porgera descarga 40.000 metros cúbicos de colas (lavados o relaves de la minería) en el río Maiapam-Strickland, el cual -- como el Ok Tedi -- desemboca en el sistema fluvial del río Fly en las tierras bajas papuanas. Además de la roca estéril, la mina descarga directamente en el Maiapam sulfuros e hidróxidos de metales pesados, incluyendo complejos de ferrocianuro y Jarrosite, a niveles que alcanzan hasta 3.000 veces los límites legales normales de PNG. Las grandes cantidades de sedimento, son una clara amenaza a las huertas de subsistencia y a las poblaciones de peces en el río.
Las tres compañías con sede en Australia y el gobierno de PNG, que conjuntamente son los propietarios de la mina, alegan que estos niveles de descargas son necesarios ya que no era viable construir un dique de colas dado la geología inestable, el terreno escarpado, los altos niveles de lluvia (3,5 metros anuales) y la actividad sísmica. En un principio el ministro del medio ambiente de PNG rechazó el plan ambiental presentado por Porgera en 1989, pero cedió después de que unos estudios demostraron la falta de alternativas económicamente viables.
Sin embargo, a los cinco años después del inicio de operaciones, claros impactos sobre la salud y el bienestar de los pobladores, la fauna y el medio ribereño han presionado al gobierno a reconsiderar su posición. El informe del MPI, "The Porgera File: Adding to Australia's Legacy of Destruction" (El archivo Porgera: Ampliando el legado destructivo de Australia) detalló hasta 133 muertes extrañas entre 1991 y 1993, las cuales fueron denunciadas por administradores locales.
Mucha gente de la comunidad cree que estas muertes se dieron como resultado de la contaminación de aguas y huertas ribereñas cerca de la mina, aunque por mucho tiempo las compañías han mantenido que tienen "un récord excelente de protección ambiental" y han negado responsabilidad alguna por estos problemas de salud.
En 1995, el Dr. John Konga, del Hospital Sopas ubicado en la región, confirmó una muerte que él cree podría haber sido provocada por envenenamiento con arsénico. El arsénico, uno de los contaminantes de la mina Porgera, puede ser ahora encontrado a niveles muchas veces mayores, del nivel existente en el sistema fluvial del río Strickland antes de que existiera la mina. Río abajo, a diversas distancias del lugar de descarga de la mina se registran niveles de cinc, plomo y mercurio que son de 3 a 3.000 veces mayores a los niveles estándares de Australia y Papúa Nueva Guinea.
LA ZONA DE SACRIFICIO
Un acuerdo entre PJV y el gobierno de PNG (propietario de un 25% de la mina), designa a los primeros 140 kilómetros del lugar de descarga de colas como una "zona de mezcla (mixing zone)". Este acuerdo permite niveles asombrosos de venenos en el río. No hay ningún límite legal en cuanto a las concentraciones de metales pesados vertidos en este trecho del río, ni se realizan monitoreos regulares de los impactos sociales y ambientales. Hasta 7.000 personas habitan los valles por debajo del río, según informó el Instituto de Política Minera que califica este trecho como una "zona de sacrificio".
El informe del MPI está basado fundamentalmente en las investigaciones de Philip Shearman de la Universidad de Tasmania, quien pasó varios meses en la región en 1994 y 1995. El, documentó la destrucción de los medios de subsistencia de los propietarios y los informes locales de muertes y problemas de salud. Encontró que la alta cantidad de sedimento de hecho había destruído las huertas ribereños, había agotado la población de peces y había tenido un impacto perjudicial sobre otras especies, tales como las tortugas y los casuarios.
Las investigaciones de Shearman fueron precedidas por los informes del Gerente Asistente del Distrito, Owen Lora, un funcionario del gobierno local con sede en la base administrativa del Lago Kopiago. Lora, informó a los supervisores que entre abril y diciembre de 1991 siete personas murieron misteriosamente en la región. Los pobladores atribuyeron las muertes al consumo de aguas contaminadas. Denuncias subsiguientes del envenenamiento de 11 personas, así como de perros y cerdos , provocaron una reacción por parte de PJV en octubre de 1992.
La PJV le encargó a una delegación, compuesta de sus responsables ambientales y de representantes de las comunidades, un médico del gobierno y Lora, a visitar el área ribereña por debajo de la mina. Después de realizar visitas a cuatro aldeas, la delegación concluyó que "no había pruebas patentes de enfermedades toxicológicas" y "decidió enfocar la investigación en el estado nutricional, las indicaciones del predominio de malaria y el índice de mortalidad infantil". Aunque no tomaron los debidos historiales médicos, el informe oficial de la gira concluyó que las víctimas sufrían de "algún tipo de malaria".
Sin embargo, Lora rindió un informe con marcadas discrepancias con respecto al administrador del distrito. Notó que los pobladores insistían en que tenían resistencia a la malaria, y por lo tanto no sufrían de ella. Y observó que la teoría de la malaria no podía explicar por qué los perros y animales silvestres mueren en el lugar donde toman agua del río Maiapam-Strickland.
Lora aseveró que la gente estaba "verdaderamente afligida porque, en efecto, la contaminación del río les robaba su herencia y la fuente de la vida misma". También señaló que, en cada una de las aldeas, la gente "urge enérgicamente a la PJV a que no descargue los desechos mineros en el sistema fluvial, sino en otro lugar ". Concluyó que los informes de muertes no eran simplemente una estratagema para lograr una indemnización de la Empresa.
UN DEBATE PÚBLICO
Un resumen de los informes de Lora salió en la prensa de PNG en agosto de 1993. La PJV reaccionó con una campaña concertada para poner en duda los descubrimientos de Lora. El gerente de la mina, Peter Harris, habló de "estudios extensivos por parte de la PJV y los ministerios gubernamentales" que no encontraron base alguna para las alegaciones. El director-gerente de Placer Niugini, Dick Zandee, informó al "Times of PNG" que nunca se habían encontrado materiales tóxicos en los ríos por debajo de Porgera y que "no se podía vincular las enfermedades reportadas con la existencia de la mina".
Más entrado ese año, el Dr. Brian Brunton, anteriormente un juez y actualmente el director del respetado Individual and Community Rights Advocacy Forum (Foro de Apoyo de Derechos Individuales y Comunitarios) en PNG, visitó el Lago Kopiago para evaluar las diversas denuncias. Durante el viaje a las Tierras Altas desde Puerto Moresby, los pilotos de la nave áerea de la misión explicaron cómo el agua hasta el río Lower Strickland se volvió roja por los óxidos ferrosos. Antes de la apertura de la mina PJV, los fundamentos de caliza daban un color centelleante azul-verde al río.
Como respuesta a estas acusaciones, la compañía alega que su fiscalización demuestra que no ha ocurrido ninguna sedimentación. Una declaración de la compañía indica que, "(En el territorio) por debajo de la concesión minera, cambios en las secciones de la cuenca del río se sitúan dentro de la variación natural de la cuenca".
Brunton también registró las manifestaciones contradictorias de los funcionarios de PJV que habían avisado a los aldeanos que el río no estaba envenenado pero que "no deberían tomar el agua". En cuanto a la gente que planteaba las demandas de daños provocados por la mina, concluyó, "Los líderes eran gente responsable y madura que sinceramente creía que las muertes de sus compatriotas se dieron como consecuencia del envenenamiento por la contaminación de los ríos Lagaip y Strickland".
La desconfianza de los pobladores en la empresa PJV, se intensificó a finales de 1994 cuando unos empleados de PJV, durante una visita a la aldea, no quisieron comer pescado capturado en el río. Un programa para examinar muestras de pelo, realizado por los funcionarios de la Empresa también aumentó las sospechas de los pobladores en cuanto a los motivos de ésta. Sus temores se justificaban; Denise Peggs, el coordinador ambiental de Placer Pacific afirma que se usaba la técnica para evaluar los niveles de mercurio de la población. No obstante, mientras reconoció que PJV había realizado pruebas de exposición a metales pesados, dijo que la compañía hizo las pruebas porque había "niveles extraordinariamente altos de mercurio en el área como resultado de algún fenómeno natural".
PJV niega apasionadamente la posibilidad de muertes por debajo del río. En 1995, el señor Zandee, de Placer Niugini, dijo a un productor australiano de documentales de la cadena SBS que los médicos habían concluído que las muertes en el área del Lago Murray, por debajo del río Strickland, mencionadas en el programa, no fueron provocadas por envenenamiento, sino por otras causas.
Por otra parte, PJV ha argumentado que las colas vertidas no presentan una amenaza porque la mayoría de las descargas mineras están en forma neutralizada e insoluble. Chris Harris, el director del MPI, concede que los niveles de metales y cianuro disueltos están sumamente bajos y se registran dentro de los límites aceptables. Empero, afirma que el río lleva niveles peligrosamente altos de metales en forma de partículas sólidas. "Casi todos los estándares reconocidos de metales pesados establecidos para la protección de la vida acuática se basan en niveles totales, no los niveles de solubles", dice. "Y esto porque los metales disuelven fácilmente en ciertos medios, tales como terrenos aluvionales, y en otros casos, en los órganos corporales".
Una última réplica, preferida de los portavoces de PJV, a las denuncias locales acerca de los problemas de salud y las muertes por causas de la mina es la de que los relatos locales son difamaciones. Según dice, uno de los asesores de impacto social de PJV, las causas más comunes de muerte en la comunidad son la hechicería y el veneno.
UN CHOQUE CULTURAL
No obstante, las organizaciones de interés público que están luchando para mejoras en la mina, argumentan que esta respuesta no toma en cuenta los indicadores objetivos de veneno en el río además de la posibilidad que una percepción totémica, aunque sea falsa según las normas científicas del Oeste, es algo real para la gente tradicional de Porgera, y puede tener un impacto verdadero sobre su salud y bienestar. Los pobladores locales otorgan gran importancia espiritual al río Strickland y, en particular, al barranco Strickland.
Los Duna creen que el barranco es el lugar de procedencia de sus antepasados -- un grupo conocido como los Heli que también dio lugar a los Huli y a los Hewa de las Sierras Sureñas. Los antropólogos han documentado que el barranco es el hogar de los espíritus poderosos del río, o los "masalai" según la creencia popular regional.
Por lo tanto, el decoloramiento y la contaminación del río en los cuatro años desde el inicio de las operaciones mineras han provocado el temor,literalmente hablando, por su vida, de parte de los pobladores locales. En varias ocasiones, el río, según dicen ellos, ha "cambiado al color de la sangre" y ha emitido "olores hediondos". Creen que como consecuencia de estos cambios drásticos, se ha trastornado la morada de los espíritus, lo que provoca que abandonen los confines del barranco y causen problemas para los humanos.
Con ejemplos como éste, Shearman y otros argumentan que la transformación intensa de su paisaje espiritual, es en sí causa para que los miembros de las comunidades tradicionales como los Hewa y los Duna hayan sufrido de enfermedades inusuales y muerte.
UN LLAMADO PARA UN CAMBIO
Como resultado del creciente debate sobre Porgera, varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) de Australia han exigido una investigación de las operaciones de la PJV, con una revisión del manejo de las colas y una supervisión independiente de los programas de monitoreo de la contaminación, mitigación y compensación pública de la mina. Dichos grupos incluyen la Australian Conservation Foundation (Fundación Australiana para la Conservación), el World Wide Fund for Nature's South Pacific Program (Programa del Pacífico Sur del Fondo Mundial para la Naturaleza) y la filial australiano de Oxfam, Community Aid Abroad (Ayuda Comunitaria en Ultramar).
Como respuesta, el ministerio australiano de las Islas del Pacífico y de asistencia para el desarrollo en ultramar ha reconocido públicamente la necesidad de una investigación independiente. Queda por ver, si las compañías involucradas en Porgera estarán dispuestas a permitir tal escrutinio público, mucho menos a ceder a las llamadas de los activistas, para que la producción minera sea reducida, para aminorar los impactos hasta que hagan los cambios necesarios. Ian Williams, portavoz de Placer Pacific en Sidney, alega que ignora el compromiso del ministro para realizar una indagación, pero afirma que de seguro la PJV colaborará con cualquier investigación auspiciada por el gobierno.
Sean cuales sean los resultados, la problemática de la minería y de los derechos indígenes no va a desaparecer en un futuro cercano. Las organizaciones ambientales y las agencias de ayuda de Australia están haciendo un llamado para investigaciones y reformas más generalizadas, en vez, de mejoras implementadas mina por mina. Están exigiendo una investigación parlamentaria de las operaciones mineras de todas las corporaciones que son propiedad de, o manejadas por, australianos en la región Asia-Pacífico, y un proceso "para mejorar su comportamiento".
En particular, las ONGs en Australia han hecho un llamado para que los procedimientos de impacto ambiental y social con fuerza de ley en Australia, sean aplicados por su gobierno a las compañías mineras australianas que operan en el extranjero. La idea es que a todos los departamentos (tales como la Export Finance Insurance Corporation que asegura los capitales australianos en ultramar) tengan que cumplir con los procedimientos de impacto ambiental.
Para los habitantes de Papúa Nueva Guinea, los problemas de la minería peligrosa, no tratan simplemente del uso inapropiado del dinero de los contribuyentes, para subsidiar proyectos peligrosos en el jardín trasero de otros. Todos los días conviven con las consecuencias del hecho de que cada mina que son propiedad de, o manejadas por australianos en su país, siguen descargando sus desechos directamente en el entorno -- una práctica ilegal en países como los Estados Unidos y Australia desde hace años .
La plantilla de relaciones comunitarias de la Porgera Joint Venture (PJV) ha negado rotundamente todos los aspectos de las denuncias que aparecen en el "Porgera File" y en otros informes que condenan el manejo de las minas. Un ejemplo es el desacuerdo de PJV en cuanto al número de personas que los ambientalistas calculan fueron afectadas por la mina.
"De ninguna manera hay 7.000 personas directamente afectadas por daños al sistema fluvial, particularmente en el área que el MPI califica como "la zona de sacrificio de 140 km", afirma Glen Banks, un especialista en asesoramiento de impactos sociales que trabaja para la PJV. "Esta región es uno de los lugares menos poblados en PNG, un país que también cuenta con una baja densidad de población total".
Chris Harris del MPI rechaza este argumento, explicando que no toma en cuenta la movilidad de la gente en el área. "No todos los que habitan la región viven en las orillas del río, pero dado su estilo de vida, suelen viajar al río y se han visto expuestos a estos riesgos".
-D.K.
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