MAS SOBRE LAS "ANDANZAS" DE BARRICK GOLD POR EL MUNDO

BARRICK GOLD QUE NO PAREZCA UN ACCIDENTE

Tras las investigaciones sobre el terreno realizadas por Amnistía Internacional, en el curso se las cuales se hallaron pruebas de violencia policial y de desalojos forzosos de personas que vivían en las proximidades de la mina de Porgera, en Papúa Nueva Guinea, la empresa canadiense Barrick Gold Corporation (Barrick) ha declarado a Amnistía Internacional que reconoce que estas personas vivían en casas permanentes cerca de la mina y que fueron afectadas por la actuación policial. El 95% de la mina de Porgera es propiedad de filiales de Barrick, que la gestionan a través de la empresa conjunta Porgera Joint Venture (PJV).
Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que entre el 27 de abril y julio de 2009, la policía destruyó en los pueblos de Wuangima y Kulapi al menos 130 edificios. A los habitantes de las casas destruidas no se les notificaron los desalojos, no se les consultó antes de la actuación policial ni se les prestó asistencia para garantizar que se respetaban y protegían sus derechos. Por tanto, estas familias fueron objeto de desalojos forzosos que vulneran el derecho internacional de derechos humanos. Las fotografías de los desalojos forzosos de Wuangima muestran a personal de PJV reunido dentro de los terrenos de la mina, en lugares desde donde pudieron ver a la policía cuando entró en los pueblos y comenzó a incendiar las casas. Los desalojos forzosos están reconocidos como una violación flagrante de derechos humanos. Testimonios concordantes y otras pruebas creíbles demuestran asimismo que la policía actuó con violencia en el desempeño de sus funciones, llegando incluso a golpear brutalmente a un hombre durante el allanamiento policial de su casa en medio de la noche.
Barrick y PJV han comunicado a Amnistía Internacional que ambas empresas han hecho averiguaciones sobre la actuación policial y que están considerando seriamente los motivos de preocupación expuestos por Amnistía Internacional. Las empresas manifestaron que estarían dispuestas a instar a las autoridades pertinentes de Papúa Nueva Guinea a que emprendan una investigación imparcial sobre los hechos.
Como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otros tratados internacionales de derechos humanos que prohíben los desalojos forzosos, Papúa Nueva Guinea tiene la obligación de poner fin a los desalojos forzosos, prohibirlos e impedirlos, lo que incluye proteger la población de estos actos cuando los cometan terceros.
medioymedio.com
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