Lunes, Junio 06, 2011/Actualizado Febrero 12, 2012
http://www.miningwatch.ca/es/
En los últimos años, el proyecto de ley C-300 centró la energía de Alerta Minera Canadá en la posiblidad de efectuar cambios legislativos en el Parlamento Canadiense con el ebjeto de responsabilizar más a la industria minera canadiense con respecto a sus operaciones en el exterior. Sin embargo, mientras nuestra atención se centraba en el Parlamento, los tribunales canadienses se han convertido en otro frente importante en la batalla contra la impunidad corporativa.
Hasta hace poco, no muchos habían intentado demandar a corporaciones canadienses en las cortes canadienses por desastres ambientales y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el extranjero. Las cortes de Quebec descartaron dos demandas previas debido a la jurisdicción, indicando que las demandas deberían llevarse en el mismo país donde se llevaron a cabo los abusos.[1]
Tal fue el caso de una demanda colectiva interpuesta en 1997 contra la empresa minera Cambior, por el colapso del dique de colas de la mina Omai en Guyana, en que se derramaron en el Río Esequibo desechos mineros que contenían cianuro. Cuando se presentó la acción legal en Guyana, sin embargo, ésta fue descartada y los demandantes se vieron obligados a solventar los costos legales de la empresa. De manera similar, en 2009 se descartó una demanda presentada en Quebec contra dos compañías registradas en esta provincia, Green Mount International y Green Park International, por la construcción de infrastructura para asentamientos en territorios ocupados de Cisjordania y por haberlos vendido a israelíes, con el argumento de que Quebec no era el foro adecuado.
Antecedentes de este tipo han motivado a varias personas, incluyendo al Honorable Juez de la Suprema Corte, Ian Binnie, ahora jubilado,[2] a exhortar a que en Canadá se promulguen nuevas leyes para que ciudadanos extranjeros y compañías puedan llevar demandas en Canadá por alegaciones de abusos serios ocurridos en el exterior. Si bien estos cambios legislativos siguen siendo difíciles de concretar, por otro lado se han llevado ante los tribunales canadienses cinco demandas más. Éstas representan una fuente de esperanza y aún más frustración en la búsqueda de la justicia para las comunidades afectadas por las compañías mineras canadienses que operan alrededor del mundo.
El bufete de abogados Klippensteins, con sede en Toronto, es quizá mejor conocido por haber representado al patrimonio y la familia de Dudley George, quien fue asesinado por la policía provincial durante la confrontación de Ipperwash en la provincia de Ontario en 1995;[3] y más recientemente por la demanda colectiva de $45 millones de dólares canadienses en contra del Consejo de la Policía de Toronto[4] y el Fiscal General de Canadá a nombre de quienes fueron detenidos por la policía durante la cumbre del G20 en junio de 2011. Este bufete ha presentado cuatro demandas en las cortes de la provincia de Ontario en nombre de demandantes en el Ecuador y Guatemala, por abusos a manos de guardias de seguridad privada, contratados por empresas mineras de fondos canadienses.
En el primer caso, presentado en marzo de 2009, tres campesinos ecuatorianos presentaron una demanda contra la empresa Copper Mesa Mining Corporation, dos miembros de su junta directiva, y la Bolsa de Valores de Toronto, por daños causados tras un ataque armado en el cual guardias de seguridad privada, en su mayoría ex-militares, intentaron traspasar por la fuerza un bloqueo de hombres, mujeres y niños, que intentaban impedir el acceso hacia las concesiones mineras de la empresa utilizando una cadena como valla en el camino. Los demandantes alegaron que los directivos de la corporación minera habían recibido información detallada sobre el ataque y que se les había laertado suficientemente sobre la posibilidad de un aumento en la violencia por lo que debierían haber tomado acciones claras para evitar lo sucedido.[5]
No fue posible demandar directamente a la empresa Copper Mesa debido al aspecto de jurisdicción. Copper Mesa, como muchas empresas, dividía su estructura corporativa entre diversas jurisdicciones legales: la empresa se incorporó en la provincia de Columbia Británica de Canadá; tenía su sede en el estado de Colorado de los EEUU; los miembros de su junta directiva vivían en distintos lugares de Norte América; recaudaba sus fondos en la provincia de Ontario; tenía una empresa controladora en Barbados (probablemente para evadir impuestos); y tenía sus operaciones de exploración minera en el Ecuador. Al contar con una estructura corporativa de este tipo se hizo muy difícil responsabilizar a la compañía en cualquiera de esas jurisdicciones.
Por esta razón, se fundamentó el caso de Copper Mesa sobre un principio legal que aún no había sido argumentado en el contexto internacional: en lugar de entablar una acción legal directamente contra la compañía, los demandantes intentaron responsabilizar a los actores principales en la provincia de Ontario cuyas acciones y decisiones permitieron y causaron el daño en Ecuador. Por ejemplo, se había advertido a la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) sobre el riesgo de violencia antes de que ésta brindara acceso a Copper Mesa a millones de dólares mediante una oferta pública de acciones. Sin embargo, la bolsa le dio acceso a la empresa a esos fondos, parte de los cuales se utilizaron para el equipo de seguridad privada que atacó a los demandantes. De manera similar, los miembros de la junta directiva de Copper Mesa habían visto evidencia fotográfica de su equipo de seguridad agrediendo a los miembros de la comunidad y aún así no tomaron las medidas adecuadas para evitar que ocurrieran incidentes nuevamente.
Finalmente, los tribunales de Ontario rechazaron este planteamiento, estipulando que ni la bolsa, ni los directivos de Copper Mesa tenían la obligación jurídica de considerar los posibles daños a los demandantes durante la realización de sus operaciones empresariales en el Ecuador. El 11 de marzo de 2011, el Tribunal de Apelaciones de Ontario ratificó la decisión del tribunal inferior que había descartado la demanda.
Reaccionando a esta decisión, el abogado Murray Klippenstein dijo: “Pensábamos por lo menos que, cuando los directivos de una corporación canadiense han sido advertidos y se les ha mostrado evidencia que sus empleados están atacando a la gente, tendrían que hacer algo para evitar mayor violencia. La corte resolvió, sin embargo, que dentro del marco legal canadiense, los directivos no tienen ninguna obligación en absoluto… Nos queda la duda si los tribunales canadienses buscan adoptar reglas a largo plazo que efectivamente sellen las violaciones de los derechos humanos en países en desarrollo con la bandera canadiense".
Por otro lado, durante la limitada trayectoria de la demanda, Copper Mesa perdió su cotización en la Bolsa de Valores de Toronto y se anularon sus principales concesiones mineras en el Ecuador.
A pesar de haber perdido el caso, Klippenstein no lo considera un fracaso. Mientras nos sentamos a charlar en una sala de sus oficinas en Toronto, el abogado dibuja dos puntos en el pizarrón y traza una flecha recta entre ellos. Bromea con ironía que él había pensado que la ruta hacia la justicia sería sencilla. Luego, borra la flechita y dibuja otra, sinuosa, que se dobla y retrocede sobre sí misma antes de llegar a su objetivo.
Al reflexionar sobre el caso ecuatoriano, recalca con optimismo que la Corte tomó el caso muy en serio. Se remite a la declaración del Tribunal de Apelaciones que indica: “las amenazas y ataques que alegan los demandantes son contravenciones serias. No se debe interpretar esta decisión como un intento de menoscabar el derecho de los demandantes a buscar la indemnización correspondiente por dichos agravios.” Sin embargo, el fallo final, según Klippenstein, “parece estar un poco fuera de compás, tanto legal como moralmente”, debido a que tanto en el sistema legal canadiense como en el británico “los tribunales han aceptado que una persona o empresa debe tener cierto cuidado de no causar daño a los que están a su alrededor”. O sea, aunque no se cuestionó la jurisdicción en este caso, cree que “los jueces de la vida real aún estaban muy conscientes de los miles de kilómetros entre los directivos de la empresa y el lugar en donde los acontecimientos tuvieron lugar, y hasta ahora es posible que no hayan encontrado la forma de lidiar con esto. Pero esta lógica no se aplica a un mundo globalizado donde las decisiones que toman las juntas directivas en las oficinas de una empresa en Toronto tienen un impacto real y significativo en las vidas de personas que viven al otro lado del mundo”.
Los demandantes ecuatorianos han decidido no apelar más el caso, lo cual hubiera requerido permiso por parte del Tribunal Supremo de Canadá, pero Klippenstein se muestra optimista de que a medida que se presenten más demandas, los individuos perjudicados por empresas mineras canadienses podrán abrirse paso en el sistema de justicia para exponer los abusos que han sufrido en el extranjero. “Creemos con certeza” dice, “que con mayor conocimiento de otras situaciones y más casos ante los tribunales, podría haber más oportunidades de mejora”.
Actualmente, la firma de Klippenstein representa a clientes guatemaltecos en demandas contra HudBay Minerals, por violencia relacionada con el proyecto Fénix, un proyecto minero de níquel en el oriente de Guatemala. En el primer caso, se acusa a HudBay y a sus filiales de negligencia en el brutal asesinato de Adolfo Ich Chamán, un dirigente que criticaba abiertamente las operaciones de la empresa y que presuntamente fue asesinado por el jefe de seguridad de la empresa con un disparo a quemarropa en septiembre de 2009. El segundo caso alega negligencia por parte de la empresa y una de sus filiales en la supuesta violación de once mujeres indígenas Maya Q’eqchi durante un desalojo forzado de su comunidad en enero de 2007. Recientemente, se presentó una tercer demanda por negligencia en contra de HudBay Minerals por el disparo que sufrió el joven padre, German Chub Choc, en septiembre de 2009, a manos del jefe de seguridad de la empresa. Germán sobrevivió el ataque, pero perdió el uso de sus piernas y de uno de sus pulmones. [6]
Con el fin de demostrar que HudBay Minerales tiene una responsabilidad legal de atención hacia los demandantes guatemaltecos, las declaraciones de causa entregadas a la corte en estos casos detallan cuidadosamente el traslape entre las oficinas de la empresa en Toronto y sus operaciones en Guatemala, estableciendo el vínculo entre la empresa matriz en Canadá y los eventos que sucedieron en Guatemala. Incluso, intentan demostrar que la empresa fue advertida sobre el riesgo que pudieran ocurrir hechos violentos, en particular basándose en evidencia recolectada y publicada por observadores de derechos humanos. Asimismo, se cita como consideración de la responsabilidad para con el prójimo que la compañía misma había indicada el compromiso, si bien voluntario, que manifestó públicamente hacia la responsabilidad social empresarial en relación directa con las operaciones en Guatemala en el momento en que estaban ocurriendo los incidentes.
El bufete anticipa que estos nuevos casos también van a resaltar aspectos judiciales relevantes a la jurisdicción, brindando la oportunidad de explorar la relación entre la empresa matriz y sus filiales. Frecuentemente, se supone que la empresa matriz y sus filiales son independientes, sin embargo, “en un mundo internacional, eso es ridículo”, dice Klippenstein.
Al mismo tiempo, y tal como se indicó en el último boletín informativo de Alerta Minera Canadá, el Tribunal Supremo de la provincia de Quebec ha aceptado una demanda contra Anvil Mining Limited, en relación a una masacre en la República Democrática del Congo (RDC). A diferencia de los casos presentados en Ontario, esta demanda tiene que ver con acontecimientos que previamente se habían llevado a juicio en el Congo.
La Asociación Canadiense Contra la Impunidad (CAAI por sus siglas en inglés),[7] que incluye a sobrevivientes congoleses y organizaciones como el Centro Canadiense para la Justicia Internacional[8] y Global Witness (con sede en el Reino Unido), presentaron una demanda colectiva en el Tribunal Superior de Quebec contra Anvil el 8 de noviembre de 2010. CAAI alega que la empresa, que cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Australia, proporcionó apoyo material para un ataque militar en 2004 contra un grupo de rebeldes en el pueblo de Kilwa, cuyo puerto es de importancia para las operaciones de Anvil.
Como resultado de esos eventos, durante un juicio militar en 2006 en la RDC, nueve soldados congoleses fueron acusados de crímenes de guerra, y tres ex-empleados expatriados de Anvil por complicidad en crímenes de guerra. En 2007, sin embargo, todos fueron absueltos.[9] El 28 de abril de 2011 el Tribunal Superior de Quebec aceptó este caso, rechazando el argumento de Anvil de que era mejor que la audiencia fuera en el Congo o en Australia. El juez argumentó que “si la corte rechazara la solicitud [de demanda colectiva]… no habría otra posibilidad para que fuera escuchada la queja civil de las víctimas”.[10] La CAAI acogió esta decisión como un rayo de esperanza para las víctimas de la masacre en el Congo y sus familias.
Lamentablemente, a finales de enero de 2012, el Tribunal de Apelaciones de la provincia de Quebec anuló la decisión del Tribunal Superior. En su decisión, el Tribunal de Apelaciones reconoció las dificultades a las que los demandantes han hecho frente en su búsqueda de justicia, pero determinó que se carece de la legislación necesaria para que la demanda proceda en Quebec. Los demandantes han indicado que llevarán su demanda a la Corte Superior de Canadá para examinar si el análisis del tribunal quebequense fue indebidamente limitado, y determinar si se ignoró la evidencia disponible sobre la falta de acceso a la justicia en otros países.[11]
Todos estos casos simbolizan importantes pasos hacia mayor conciencia por parte de los tribunales canadienses frente a la condición de impunidad en la que operan las empresas canadienses alrededor del mundo, y la urgente necesidad en Canadá de un foro real que rinda justicia a quienes han sido afectados.
(Actualizado el 10 de febrero de 2012)
Notas:
1. The Lawyers Weekly, “Corporate responsibility abroad: Will corporations accused of overseas human rights violations be taken to court in Canada?” Primavera 2009
2. Ian Binnie se jubiló el 20 de octubre de 2011.
3. La policia provincial de Ontario, el ex-prefecto de la provincia de Ontario, Mike Harris, y el gobierno federal han sido responsabilizados por la muerte de Dudley George. La policia provincial le disparó al manifestante indígena durante un operativo de desalojo de un grupo de indígenas que habían ocupado sin armas el parque provincial Ipperwash reclamando así su derecho a la tierra.
4. Toronto Police Services Board
5. www.
6. www.chocversushudbay.com
7. Canadian Association Against Impunity
8. Canadian Centre for International Justice
9. Canadian Centre for International Justice, “Congolese victims file class action against Canadian mining company”, 8 de noviembre de 2010
10. Global Witness, “Court ruling marks significant step forward in holding Canadian mining company to account”, 28 de abril de 2011
11. Canadian Centre for International Justice, “Congolese massacre survivors to pursue justice at the Supreme Court of Canada”, 31 de enero de 2012.
En los últimos años, el proyecto de ley C-300 centró la energía de Alerta Minera Canadá en la posiblidad de efectuar cambios legislativos en el Parlamento Canadiense con el ebjeto de responsabilizar más a la industria minera canadiense con respecto a sus operaciones en el exterior. Sin embargo, mientras nuestra atención se centraba en el Parlamento, los tribunales canadienses se han convertido en otro frente importante en la batalla contra la impunidad corporativa.
Hasta hace poco, no muchos habían intentado demandar a corporaciones canadienses en las cortes canadienses por desastres ambientales y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el extranjero. Las cortes de Quebec descartaron dos demandas previas debido a la jurisdicción, indicando que las demandas deberían llevarse en el mismo país donde se llevaron a cabo los abusos.[1]
Tal fue el caso de una demanda colectiva interpuesta en 1997 contra la empresa minera Cambior, por el colapso del dique de colas de la mina Omai en Guyana, en que se derramaron en el Río Esequibo desechos mineros que contenían cianuro. Cuando se presentó la acción legal en Guyana, sin embargo, ésta fue descartada y los demandantes se vieron obligados a solventar los costos legales de la empresa. De manera similar, en 2009 se descartó una demanda presentada en Quebec contra dos compañías registradas en esta provincia, Green Mount International y Green Park International, por la construcción de infrastructura para asentamientos en territorios ocupados de Cisjordania y por haberlos vendido a israelíes, con el argumento de que Quebec no era el foro adecuado.
Antecedentes de este tipo han motivado a varias personas, incluyendo al Honorable Juez de la Suprema Corte, Ian Binnie, ahora jubilado,[2] a exhortar a que en Canadá se promulguen nuevas leyes para que ciudadanos extranjeros y compañías puedan llevar demandas en Canadá por alegaciones de abusos serios ocurridos en el exterior. Si bien estos cambios legislativos siguen siendo difíciles de concretar, por otro lado se han llevado ante los tribunales canadienses cinco demandas más. Éstas representan una fuente de esperanza y aún más frustración en la búsqueda de la justicia para las comunidades afectadas por las compañías mineras canadienses que operan alrededor del mundo.
El bufete de abogados Klippensteins, con sede en Toronto, es quizá mejor conocido por haber representado al patrimonio y la familia de Dudley George, quien fue asesinado por la policía provincial durante la confrontación de Ipperwash en la provincia de Ontario en 1995;[3] y más recientemente por la demanda colectiva de $45 millones de dólares canadienses en contra del Consejo de la Policía de Toronto[4] y el Fiscal General de Canadá a nombre de quienes fueron detenidos por la policía durante la cumbre del G20 en junio de 2011. Este bufete ha presentado cuatro demandas en las cortes de la provincia de Ontario en nombre de demandantes en el Ecuador y Guatemala, por abusos a manos de guardias de seguridad privada, contratados por empresas mineras de fondos canadienses.
En el primer caso, presentado en marzo de 2009, tres campesinos ecuatorianos presentaron una demanda contra la empresa Copper Mesa Mining Corporation, dos miembros de su junta directiva, y la Bolsa de Valores de Toronto, por daños causados tras un ataque armado en el cual guardias de seguridad privada, en su mayoría ex-militares, intentaron traspasar por la fuerza un bloqueo de hombres, mujeres y niños, que intentaban impedir el acceso hacia las concesiones mineras de la empresa utilizando una cadena como valla en el camino. Los demandantes alegaron que los directivos de la corporación minera habían recibido información detallada sobre el ataque y que se les había laertado suficientemente sobre la posibilidad de un aumento en la violencia por lo que debierían haber tomado acciones claras para evitar lo sucedido.[5]
No fue posible demandar directamente a la empresa Copper Mesa debido al aspecto de jurisdicción. Copper Mesa, como muchas empresas, dividía su estructura corporativa entre diversas jurisdicciones legales: la empresa se incorporó en la provincia de Columbia Británica de Canadá; tenía su sede en el estado de Colorado de los EEUU; los miembros de su junta directiva vivían en distintos lugares de Norte América; recaudaba sus fondos en la provincia de Ontario; tenía una empresa controladora en Barbados (probablemente para evadir impuestos); y tenía sus operaciones de exploración minera en el Ecuador. Al contar con una estructura corporativa de este tipo se hizo muy difícil responsabilizar a la compañía en cualquiera de esas jurisdicciones.
Por esta razón, se fundamentó el caso de Copper Mesa sobre un principio legal que aún no había sido argumentado en el contexto internacional: en lugar de entablar una acción legal directamente contra la compañía, los demandantes intentaron responsabilizar a los actores principales en la provincia de Ontario cuyas acciones y decisiones permitieron y causaron el daño en Ecuador. Por ejemplo, se había advertido a la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) sobre el riesgo de violencia antes de que ésta brindara acceso a Copper Mesa a millones de dólares mediante una oferta pública de acciones. Sin embargo, la bolsa le dio acceso a la empresa a esos fondos, parte de los cuales se utilizaron para el equipo de seguridad privada que atacó a los demandantes. De manera similar, los miembros de la junta directiva de Copper Mesa habían visto evidencia fotográfica de su equipo de seguridad agrediendo a los miembros de la comunidad y aún así no tomaron las medidas adecuadas para evitar que ocurrieran incidentes nuevamente.
Finalmente, los tribunales de Ontario rechazaron este planteamiento, estipulando que ni la bolsa, ni los directivos de Copper Mesa tenían la obligación jurídica de considerar los posibles daños a los demandantes durante la realización de sus operaciones empresariales en el Ecuador. El 11 de marzo de 2011, el Tribunal de Apelaciones de Ontario ratificó la decisión del tribunal inferior que había descartado la demanda.
Reaccionando a esta decisión, el abogado Murray Klippenstein dijo: “Pensábamos por lo menos que, cuando los directivos de una corporación canadiense han sido advertidos y se les ha mostrado evidencia que sus empleados están atacando a la gente, tendrían que hacer algo para evitar mayor violencia. La corte resolvió, sin embargo, que dentro del marco legal canadiense, los directivos no tienen ninguna obligación en absoluto… Nos queda la duda si los tribunales canadienses buscan adoptar reglas a largo plazo que efectivamente sellen las violaciones de los derechos humanos en países en desarrollo con la bandera canadiense".
Por otro lado, durante la limitada trayectoria de la demanda, Copper Mesa perdió su cotización en la Bolsa de Valores de Toronto y se anularon sus principales concesiones mineras en el Ecuador.
A pesar de haber perdido el caso, Klippenstein no lo considera un fracaso. Mientras nos sentamos a charlar en una sala de sus oficinas en Toronto, el abogado dibuja dos puntos en el pizarrón y traza una flecha recta entre ellos. Bromea con ironía que él había pensado que la ruta hacia la justicia sería sencilla. Luego, borra la flechita y dibuja otra, sinuosa, que se dobla y retrocede sobre sí misma antes de llegar a su objetivo.
Al reflexionar sobre el caso ecuatoriano, recalca con optimismo que la Corte tomó el caso muy en serio. Se remite a la declaración del Tribunal de Apelaciones que indica: “las amenazas y ataques que alegan los demandantes son contravenciones serias. No se debe interpretar esta decisión como un intento de menoscabar el derecho de los demandantes a buscar la indemnización correspondiente por dichos agravios.” Sin embargo, el fallo final, según Klippenstein, “parece estar un poco fuera de compás, tanto legal como moralmente”, debido a que tanto en el sistema legal canadiense como en el británico “los tribunales han aceptado que una persona o empresa debe tener cierto cuidado de no causar daño a los que están a su alrededor”. O sea, aunque no se cuestionó la jurisdicción en este caso, cree que “los jueces de la vida real aún estaban muy conscientes de los miles de kilómetros entre los directivos de la empresa y el lugar en donde los acontecimientos tuvieron lugar, y hasta ahora es posible que no hayan encontrado la forma de lidiar con esto. Pero esta lógica no se aplica a un mundo globalizado donde las decisiones que toman las juntas directivas en las oficinas de una empresa en Toronto tienen un impacto real y significativo en las vidas de personas que viven al otro lado del mundo”.
Los demandantes ecuatorianos han decidido no apelar más el caso, lo cual hubiera requerido permiso por parte del Tribunal Supremo de Canadá, pero Klippenstein se muestra optimista de que a medida que se presenten más demandas, los individuos perjudicados por empresas mineras canadienses podrán abrirse paso en el sistema de justicia para exponer los abusos que han sufrido en el extranjero. “Creemos con certeza” dice, “que con mayor conocimiento de otras situaciones y más casos ante los tribunales, podría haber más oportunidades de mejora”.
Actualmente, la firma de Klippenstein representa a clientes guatemaltecos en demandas contra HudBay Minerals, por violencia relacionada con el proyecto Fénix, un proyecto minero de níquel en el oriente de Guatemala. En el primer caso, se acusa a HudBay y a sus filiales de negligencia en el brutal asesinato de Adolfo Ich Chamán, un dirigente que criticaba abiertamente las operaciones de la empresa y que presuntamente fue asesinado por el jefe de seguridad de la empresa con un disparo a quemarropa en septiembre de 2009. El segundo caso alega negligencia por parte de la empresa y una de sus filiales en la supuesta violación de once mujeres indígenas Maya Q’eqchi durante un desalojo forzado de su comunidad en enero de 2007. Recientemente, se presentó una tercer demanda por negligencia en contra de HudBay Minerals por el disparo que sufrió el joven padre, German Chub Choc, en septiembre de 2009, a manos del jefe de seguridad de la empresa. Germán sobrevivió el ataque, pero perdió el uso de sus piernas y de uno de sus pulmones. [6]
Con el fin de demostrar que HudBay Minerales tiene una responsabilidad legal de atención hacia los demandantes guatemaltecos, las declaraciones de causa entregadas a la corte en estos casos detallan cuidadosamente el traslape entre las oficinas de la empresa en Toronto y sus operaciones en Guatemala, estableciendo el vínculo entre la empresa matriz en Canadá y los eventos que sucedieron en Guatemala. Incluso, intentan demostrar que la empresa fue advertida sobre el riesgo que pudieran ocurrir hechos violentos, en particular basándose en evidencia recolectada y publicada por observadores de derechos humanos. Asimismo, se cita como consideración de la responsabilidad para con el prójimo que la compañía misma había indicada el compromiso, si bien voluntario, que manifestó públicamente hacia la responsabilidad social empresarial en relación directa con las operaciones en Guatemala en el momento en que estaban ocurriendo los incidentes.
El bufete anticipa que estos nuevos casos también van a resaltar aspectos judiciales relevantes a la jurisdicción, brindando la oportunidad de explorar la relación entre la empresa matriz y sus filiales. Frecuentemente, se supone que la empresa matriz y sus filiales son independientes, sin embargo, “en un mundo internacional, eso es ridículo”, dice Klippenstein.
Al mismo tiempo, y tal como se indicó en el último boletín informativo de Alerta Minera Canadá, el Tribunal Supremo de la provincia de Quebec ha aceptado una demanda contra Anvil Mining Limited, en relación a una masacre en la República Democrática del Congo (RDC). A diferencia de los casos presentados en Ontario, esta demanda tiene que ver con acontecimientos que previamente se habían llevado a juicio en el Congo.
La Asociación Canadiense Contra la Impunidad (CAAI por sus siglas en inglés),[7] que incluye a sobrevivientes congoleses y organizaciones como el Centro Canadiense para la Justicia Internacional[8] y Global Witness (con sede en el Reino Unido), presentaron una demanda colectiva en el Tribunal Superior de Quebec contra Anvil el 8 de noviembre de 2010. CAAI alega que la empresa, que cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Australia, proporcionó apoyo material para un ataque militar en 2004 contra un grupo de rebeldes en el pueblo de Kilwa, cuyo puerto es de importancia para las operaciones de Anvil.
Como resultado de esos eventos, durante un juicio militar en 2006 en la RDC, nueve soldados congoleses fueron acusados de crímenes de guerra, y tres ex-empleados expatriados de Anvil por complicidad en crímenes de guerra. En 2007, sin embargo, todos fueron absueltos.[9] El 28 de abril de 2011 el Tribunal Superior de Quebec aceptó este caso, rechazando el argumento de Anvil de que era mejor que la audiencia fuera en el Congo o en Australia. El juez argumentó que “si la corte rechazara la solicitud [de demanda colectiva]… no habría otra posibilidad para que fuera escuchada la queja civil de las víctimas”.[10] La CAAI acogió esta decisión como un rayo de esperanza para las víctimas de la masacre en el Congo y sus familias.
Lamentablemente, a finales de enero de 2012, el Tribunal de Apelaciones de la provincia de Quebec anuló la decisión del Tribunal Superior. En su decisión, el Tribunal de Apelaciones reconoció las dificultades a las que los demandantes han hecho frente en su búsqueda de justicia, pero determinó que se carece de la legislación necesaria para que la demanda proceda en Quebec. Los demandantes han indicado que llevarán su demanda a la Corte Superior de Canadá para examinar si el análisis del tribunal quebequense fue indebidamente limitado, y determinar si se ignoró la evidencia disponible sobre la falta de acceso a la justicia en otros países.[11]
Todos estos casos simbolizan importantes pasos hacia mayor conciencia por parte de los tribunales canadienses frente a la condición de impunidad en la que operan las empresas canadienses alrededor del mundo, y la urgente necesidad en Canadá de un foro real que rinda justicia a quienes han sido afectados.
(Actualizado el 10 de febrero de 2012)
Notas:
1. The Lawyers Weekly, “Corporate responsibility abroad: Will corporations accused of overseas human rights violations be taken to court in Canada?” Primavera 2009
2. Ian Binnie se jubiló el 20 de octubre de 2011.
3. La policia provincial de Ontario, el ex-prefecto de la provincia de Ontario, Mike Harris, y el gobierno federal han sido responsabilizados por la muerte de Dudley George. La policia provincial le disparó al manifestante indígena durante un operativo de desalojo de un grupo de indígenas que habían ocupado sin armas el parque provincial Ipperwash reclamando así su derecho a la tierra.
4. Toronto Police Services Board
5. www.
6. www.chocversushudbay.com
7. Canadian Association Against Impunity
8. Canadian Centre for International Justice
9. Canadian Centre for International Justice, “Congolese victims file class action against Canadian mining company”, 8 de noviembre de 2010
10. Global Witness, “Court ruling marks significant step forward in holding Canadian mining company to account”, 28 de abril de 2011
11. Canadian Centre for International Justice, “Congolese massacre survivors to pursue justice at the Supreme Court of Canada”, 31 de enero de 2012.
__
Jennifer Moore
Latin America Program Coordinator
MiningWatch Canada
www.miningwatch.ca
email: jen@miningwatch.ca
tel: 613.569.3439 / fax: 613.569.5138
Latin America Program Coordinator
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