"Para los pueblos indígenas, la imposición de la minería significa pérdida de territorios, desplazamiento de comunidades, tierras contaminadas, animales intoxicados, madres y niños enfermos, producción agrícola afectada. Todo nuestro modo de vida, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, son brutalmente impactados cuando la minería invade nuestros territorios."
Del 18 al 20 de noviembre del 2010, en Lima, 376 participantes de 90 organizaciones de 17 países se reunieron en el Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, el cual acordó que el tema central de la IV Minga Global por la Madre Tierra, correspondiente al 2011, sería la minería.
Este Foro significó un paso adelante en el proceso de construcción de propuestas de los pueblos indígenas y movimientos sociales frente a los impactos de la minería, las transnacionales extractivas y la crisis climática.
La Declaración de Lima, emitida por el Foro, confirma el alto nivel de debate alcanzado por las organizaciones indígenas y sus aliados de los movimientos sociales. Asimismo, evidencia que cada vez más los ojos del mundo se vuelven a los pueblos indígenas para recoger sus saberes, prácticas tradicionales y experiencias actuales para enfrentar el cambio climático.
Porque los pueblos indígenas supimos convivir armónicamente durante miles de años y supimos preservar la biodiversidad que albergan nuestros territorios, pero somos las mayores víctimas de los impactos de la crisis climática, evidenciando la inequidad de las sociedades actuales. Esta inequidad se muestra también en las negociaciones internacionales, donde los países ricos, responsables del 75% de emisiones de gases de efecto invernadero, imponen sus condiciones a los países pobres en las negociaciones internacionales en torno al cambio climático.
En la región andina, la minería se instala en nuestras cabeceras de cuenca, acaparando y destruyendo nuestras fuentes de agua. En el Perú, por ejemplo, a inicios de la década del 90 las concesiones mineras ocupaban 2 millones trescientas mil hectáreas y a finales del año 2010 ya superaban los 21 millones 280 mil hectáreas. Y solo en un año (noviembre de 2008 a noviembre de 2009) estas pasaron del 13.46% al 15.38% del territorio nacional. De las 5.680 comunidades reconocidas y con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras.
La minería antes de los 90
En los años ochenta se produjo una disminución del consumo de metales por unidad y producto industrial en los países desarrollados (Estados Unidos, Canadá y Europa occidental), pero aumentó en los países asiáticos de reciente industrialización (Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán).
Fue la época en la que descendió la producción de minerales y metales en los países desarrollados y aumentaron las exportaciones desde los mismos. Una época de debate y cambios en la política de medio ambiente en los países desarrollados.
En América Latina, mientras tanto, aumentó la producción y las exportaciones de minerales y a la par disminuyó el consumo, ocurriendo entre 1982 y 1993 una reducción del 31% del poder de compra de las exportaciones. Es decir, ese mismo volumen exportado podía comprar casi una tercera parte menos. Y se produjeron cambios en los mecanismos de producción.
Los años ochenta fueron los de la disminución de las reservas mineras, particularmente de cobre y oro en Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, y el aumento de los costos en estos países por la profundidad de las minas, el cuidado del medio ambiente y la búsqueda de nuevas reservas en países en vías de desarrollo.
Consenso de Washington
En noviembre de 1989, John Williamson formuló un listado de políticas conocido como el “Consenso de Washington”, que en resumen es una receta que prioriza el libre mercado y que fue impuesta en los países del Tercer Mundo, particularmente en América Latina, a lo largo de los años 90, marcando el inicio de la globalización neoliberal.
Estas políticas incluyen la disciplina fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, reformas impositivas, liberalización de las tasas de interés, tasas de de cambio competitivas, la liberalización del comercio internacional (trade liberalization) y de la entrada de inversiones extranjeras directas, privatizaciones, desregulaciones y cambios en los derechos de propiedad.
El Consenso de Washington se tradujo en una serie de cambios en las constituciones y normas de nuestros países, destinados a facilitar la expansión sin control de las corporaciones transnacionales, sobre todo de las empresas extractivas, entre ellas las mineras, para que se apropien de los recursos naturales en todo el mundo. Así condenaron a los países pobres a ser permanentes proveedores de materias primas y se apropiaron de sus mercados. La transnacionalización de las inversiones tuvo en esta etapa su máximo impulso. Y los mayores impactos los sufrimos los pueblos indígenas.
Minería y pueblos indígenas
La minería necesita los territorios indígenas para explorar y explotar los minerales. Es en territorios indígenas donde se instalan los tajos abiertos, los depósitos de desmontes y las canchas de relave. Es en nuestros territorios donde se construyen vías de acceso, instalaciones industriales y campamentos mineros.
Para los pueblos indígenas, en consecuencia, la imposición de la minería significa pérdida de territorios, desplazamiento de comunidades, tierras contaminadas, animales intoxicados, madres y niños enfermos, producción agrícola afectada. Todo nuestro modo de vida, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, son brutalmente impactados cuando la minería invade nuestros territorios.
Además, la minería necesita agua para la etapa de exploración. Y demanda grandes volúmenes de agua para procesar y obtener metales: flotación, lixiviación, traslado. En consecuencia, contamina ríos y lagos, afecta la salud humana, intoxica animales, disminuye el volumen de uso de agua para otras actividades e incrementa los costos de tratamiento del agua.
Respuesta de los pueblos indígenas
Frente a esta agresión a nuestros derechos esenciales, surge nuestra respuesta contra la invasión de las transnacionales. Y se hace evidente un nuevo actor político en el continente: los pueblos indígenas. En México, Ecuador y Bolivia, nuestras voces se hacen escuchar. En el Perú, nace la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI.
Las organizaciones indígenas nos fortalecemos y articulamos. Entre el 2000 y el 2009 realizamos cuatro Cumbres Continentales de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala: en México, en Ecuador, en Guatemala y en Perú. En julio del 2006, luego de un proceso de intercambio de experiencias y trabajo conjunto, nace oficialmente la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, que articula a las organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.
Respuesta represiva
Entonces, para las transnacionales, los países ricos, las instituciones financieras internacionales y los Estados cómplices, se enciende la señal de peligro. Y responden con la criminalización de los movimientos indígenas, expresada en allanamiento de sus territorios, persecución policial, procesos judiciales con acusaciones por delitos gravísimos como terrorismo, desplazamientos forzados, cárcel, tortura y asesinatos.
Pese a la existencia de convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT de 1989 y, desde el 2007, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, estos no son respetados por los Estados. La vulneración de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas es una constante, una política sistemática. Los pueblos indígenas no son considerados ciudadanos sujetos de derechos, su cultura y su modelo de desarrollo son vistos más bien como “lastres para el progreso”. Y sus justas demandas son respondidas con la criminalización.
Nuevas amenazas
No solo la minería y las transnacionales extractivas en general agreden a los Pueblos Indígenas. Están surgiendo nuevas amenazas: los tratados de libre comercio (TLC) y los acuerdos de asociación (AdA), la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), los agrocombustibles, los transgénicos y el cambio climático son algunas de ellas.
Los TLC, principalmente con Estados Unidos, se imponen arrasando con los derechos de las comunidades, apropiándose de sus conocimientos colectivos e imponiendo productos subsidiados que arrasan con las economías campesinas. Y se firman AdA con la Unión Europea, que aunque se disfracen con términos de “cooperación” y “diálogo político”, tienen idénticos objetivos.
La IIRSA nace en el año 2000, en la Cumbre de Presidentes Sudamericanos en Brasilia. Son más de 500 megaproyectos viales, de telecomunicaciones, transporte y energía. Financiada por instituciones multilaterales como el BID y la CAN, y por el poderoso Banco de Desarrollo (BNDES) del Brasil, tiene diez ejes diseñados para la salida de los recursos naturales hacia el norte (Estados Unidos), el Pacífico (las potencias asiáticas) y el Atlántico (Europa), arrasando a su paso con los derechos indígenas (autodeterminación, territorio, bienes naturales, consulta y consentimiento previo, libre e informado, etc.).
La globalización neoliberal está provocando una crisis alimentaria sin precedentes. Y en lugar de buscar políticas para revertirla, arrasan con tierras de cultivos para dedicarlas a los productos destinados a los agrocombustibles. Y agreden también a la Madre Tierra con la promoción de transgénicos que constituyen graves amenazas a la agricultura y a la salud humana. Frente a ambos, los pueblos indígenas levantamos la propuesta de la soberanía y la seguridad alimentaria.
La globalización neoliberal es, entonces, esencialmente un modelo de saqueo y acumulación de riquezas en pocas manos, empobreciendo a las grandes mayorías. Como tal, es un modelo de agresión a la Madre Tierra. Por eso produce la crisis climática, con sus devastadoras consecuencias que amenazan el futuro mismo de la humanidad.
Nuestros desafíos
Pero la historia no ha terminado ni el “paraíso” neoliberal es estable ni eterno. No se puede vivir lejos del mercado pero tampoco sobrevivir dentro de él. Necesitamos responder a estas encrucijadas históricas. Y en esa búsqueda están los aportes de un nuevo actor social, político, cultural, económico y espiritual que recorre el Abya Yala y el mundo: los pueblos indígenas.
Queremos y podemos cambiar, reorganizar, producir una mutación de las estructuras de nuestras sociedades a partir de nuestras propias raíces y de nuestras prácticas ancestrales de complementariedad, equidad y reciprocidad, para a partir de ellas rescatar el Buen Vivir como una garantía de futuro para toda la Humanidad.
Lima, septiembre del 2011.
Comunicaciones CAOI
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Consejo Indígena de Centro América (CICA), Consejo Indígena de Meso América (CIMA), CONACAMI, CONAMAQ, ECUARUNARI, ONIC, FOCO, FUNDAMAYA, COMKADES, No a la Mina, CRIC, CONAFROIC, CRIDEC, CONAVIGUA, Minga Informativa de los Movimientos Sociales, TONATIERRA, Peruanos en Acción, Movimiento Indígena Nacional (México), Grito de los Excluidos, Plataforma 12 de Octubre: ¡Nada qué celebrar!, GTEPIC-15M, SICSAL, ECOPORTAL, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, otras organizaciones indígenas del Abya Yala.
Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049 Santa Beatriz, Lima - Perú
Telefax: 0051-1-2656250
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Fuente: CRIC
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