Por José Jorge Aldecoa Davies
No era necesario esperar mucho para que las empresas mineras canadienses salieran al ruedo con “los tapones de punta” como decimos acá en la jerga futbolera.
Y eso era de esperar al conocerse el proyecto del congresista liberal McKay C-300 que trata de poner límites al desaprensivo y cuasi criminal comportamiento de las empresas mineras canadienses en el exterior.
El Proyecto de Ley C-300
La idea de McKay es crear un régimen legal para “promover prácticas ejemplares en materia ambiental y asegurar la protección y la promoción de normas internacionales en materia de derechos humanos con respecto a las actividades mineras, petroleras y de explotación de gas realizadas por empresas canadienses en países en desarrollo”.[1]
Para ello sugiere una serie de medidas de control mediante la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio Exterior para analizar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y al cuidado del medio ambiente por parte de las empresas extractiva canadienses en el exterior.
Como medida punitoria contra las empresas infractoras se propone que se les puedan ser denegados los fondos que el gobierno canadiense provee del Desarrollo de Exportaciones de Canadá e inversiones del Plan de Pensión de Canadá.
La reacción de las mineras
Como decíamos al principio, la reacción del sector minero se hizo notoria de inmediato, pero no salieron las empresas directamente a oponerse al proyecto, sino que utilizaron un vocero “mas creíble”, como es el Instituto Fraser, que es un Comité de Expertos fiscalmente conservador con base en Canadá que propugna los principios del mercado libre y de corte netamente privatista y que generalmente se opone a las soluciones políticas basadas gastos, impuestos, déficit y regulaciones gubernamentales.
Estos cómplices de la industria extractiva canadiense, elaboraron un informe[2] aberrante que trata por todos los medios de desacreditar el trabajo de McKay: “la racionalidad para este proyecto está basada en premisas falsas, acusaciones sin pruebas y una noción desviada de la responsabilidad social corporativa, también conocida como RSC” y ensalza las “virtudes y beneficios” de la minería: “las compañías mineras crean enormes beneficios socio-económicos a partir de sus actividades comerciales. El mejor programa social de todos es un trabajo y prosperidad para las familias”.
Para completar sus infames propósitos, en dicho informe se hace hincapié en el hecho de que con leyes “controladoras y punitorias” se desalienta la inversión y el desarrollo de la industria extractiva, realizando un verdadera extorsión al gobierno canadiense amenazando con que: “el resultado será la probable emigración de las compañías mineras del Canadá. Las empresas mineras enfrentarán poderosos incentivos económicos para reubicarse sin esas agobiantes cargas legales”.
Y finaliza su alegato con una falacia total, típica de los argumentos mentirosos que normalmente utilizan las empresas mineras para engañas a los pueblos que avasallan: “Esto no es bueno tanto para Canadá o la pobre gente de las naciones subdesarrolladas para quienes la minería puede ser una ruta para salir de la pobreza y una esperanza para el futuro, tal como fue para los canadienses en las tempranas fases de su desarrollo económico nacional”.
Entendemos que tanto el pueblo canadiense como sus gobernantes se pongan a la altura de las circunstancias y dejen de ser la nación democrática que en pleno siglo XXI continúa con las políticas colonialistas y esclavistas que vienen practicando los países desarrollados desde hace mas de 500 años.Proyecto de ley en el parlamento canadiense
Si se aprueba, la ley C-300 creará:
· normas sobre los derechos humanos, los derechos laborales, y el medio ambiente con las cuales las empresas extractivas canadienses que reciben apoyo del gobierno deben cumplir cuando operan en países en desarrollo;
· un mecanismo de denuncia que permitirá a los miembros de las comunidades afectadas en el extranjero, y los canadienses, presentar denuncias contra empresas que parecen estar violando esas normas;
· una posible sanción hacia las empresas que se encuentran fuera del cumplimiento de las normas, en forma de pérdida de gobierno de apoyo financiero y político.
HOJA DE DATOS:
Proyecto de ley C-300 - Una Ley sobre la responsabilización de las empresas con respecto a sus actividades mineras, petroleras y de explotación de gas en los países en desarrollo.
Observatorio Minero de Canadá (MiningWatch Canada), julio de 2009
Antecedentes
El proyecto de ley C-300 es un proyecto de ley de un miembro privado presentado por el diputado Liberal John McKay el 9 de febrero de 2009. El proyecto de ley C-300 codifica como reglamento una serie de recomendaciones claves sobre la rendición de cuentas de las compañías extractivas canadienses que operan en países en desarrollo que vienen del informe final de las Mesas Redondas sobre
El proyecto de ley C-300
· Regula las agencias del gobierno canadiense con respecto a las compañías extractivas canadienses que operan en países en desarrollo (Desarrollo de las Exportaciones de Canadá, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, y el Plan de Pensiones de Canadá).
· Crea criterios de elegibilidad ("líneas directrices que articulan las normas de responsabilidad corporativa") para el apoyo político y financiero que se proporciona a las empresas extractivas de Canadá por las instituciones arriba mencionadas.
· Las "líneas directrices" deben incluir las Normas de funcionamiento
· Crea un mecanismo de quejas. Las denuncias se presentan ante los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional. Si es aceptada, la denuncia dará lugar a una investigación de la conformidad de la compañía con respecto a las líneas directrices y un informe público sobre los resultados dentro de los ocho meses desde la recepción de la queja.
Una empresa puede ser inelegible para el apoyo del gobierno durante el tiempo que está fuera del cumplimiento de las directrices.
Jamie Kneen
Coordinador de Comunicaciones
Observatorio Canadiense de la Minería
URL: http://www.miningwatch.ca
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El Instituto Fraser[1] advierte sobre la propuesta ley minera
Por Fred McMahon and Jean-Francois Minardi del Instituto Fraser
Fred McMahon es vice-presidente de investigación en el Instituto Fraser. Jean-Francois Minardi es un analista político senior en el Instituto Fraser.
20 de Mayo de 2010
Un proyecto de ley de un miembro privado Liberal, con serias consecuencias económicas para el sector minero, se está abriendo camino a través del Parlamento. El proyecto de ley C-300 busca regular las actividades comerciales de las compañías mineras de origen canadiense que operan en otros países. La racionalidad para este proyecto está basada en premisas falsas, acusaciones sin pruebas y una noción desviada de la responsabilidad social corporativa, también conocida como RSC.
El 15 de Abril, en su discurso para apoyar el proyecto, el congresista Liberal John McKay insinuó que las empresas canadienses de exploración minera, petrolífera y de gas en el extranjero tienen un mal comportamiento, abusando sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, McKay no ha aportado ninguna evidencia, además de una simple lista de acusaciones sin pruebas levantadas contra la industria minera canadiense por ONG’s de origen extranjero, políticamente activas.
Los partidarios del a ley C-300 alegan que la legislación aseguraría que las corporaciones canadienses involucradas en actividades mineras, petrolíferas y de gas se comporten de manera compatible con las mejores prácticas internacionales del cuidado del medio ambiente y con los compromisos de Canadá respecto de los principios internacionales de derechos humanos. En realidad, el proyecto es una solución en la búsqueda de un problema.
La industria minera misma ya ha adoptado prácticas que reflejan los principios que persigue
Las compañías mineras crean enormes beneficios socio-económicos a partir de sus actividades comerciales. El mejor programa social de todos es un trabajo y prosperidad para las familias. Los hacedores de las políticas deberían tener cuidado con las alternativas. Desalentar la minería mediante el incremento de los costos de hacer negocios, arriesga el perder los beneficios económicos que se acumulan para la gente en países desarrollados: menos minería significa menos empleos.
Las empresas mineras además generalmente pagan por encima de los salarios promedio en los mercados laborales locales, a menudo proveyendo además beneficios en el cuidado de la salud y educación.
La ley C-300 tiene muy poco que ver con el mejoramiento del comportamiento corporativo pero mucho con las ideologías anti-mineras. Veamos un poco de historia. En 2006, el gobierno de Canadá inició un procedo nacional de mesa redonda sobre
Sin embargo, algunas ONG’s no estuvieron de acuerdo con este resultado. Para citar al Mining Watch: “La repuesta del gobierno es totalmente insuficiente dado que no contempla un mecanismo efectivo de reclamos y no hay posibilidad de sanciones para las compañías que no cumplan con pautas voluntarias. La ley C-300 remedia esas falencias”. Si el proyecto es aprobado, el gobierno federal tendrá el poder de investigar las denuncias hechas contra las compañías con recursos canadienses que operan en el extranjero, sin importar si lo reclamos provienen de ciudadanos canadienses o ciudadanos de la nación en la cual tales actividades son cuestionadas de haber ocurrido o estar ocurriendo. Si las empresas son encontradas responsables de abusos sobre los derechos humanos o el medio ambiente, les pueden ser denegados los fondos que el gobierno canadiense provee del Desarrollo de Exportaciones de Canadá e inversiones del Plan de Pensión de Canadá.
La ley C-300 permitirá efectivamente que las ONG’s anti-mineras paralicen las exploraciones y desarrollos mineros mediante el lanzamiento de un torrente de nunca acabar con denuncias e investigaciones. No interesará si los reclamos son o no infundados. Cuando se está lidiando con uno, otro puede de pronto surgir. La ley C-300 da vuelta el concepto de justicia a su favor. Las empresas mineras pagaran las consecuencias de falsas acusaciones. Ello será una pesadilla para la industria minera que tendrá que tendrá que soportar daños indebidos a su reputación y gastos significativos para defenderse. Mientras que, a las ONG’s no les costará nada hacer esos cargos falsos.
Las malas leyes generan consecuencias desastrosas para la economía y la ley C-300 no es la excepción. Las compañías de minería y exploración con base en Canadá acumulan el 43% de los gastos de exploración global y en el 2008, más del 75% de las compañías mineras y exploración del mundo tenían sus sedes en Canadá. Por lo tanto, la ley C-300 impedirá que las empresas mineras canadienses inviertan en el extranjero debido a la incertidumbre en los proyectos mineros y su limitada capacidad para atraer inversiones. El resultado será la probable emigración de las compañías mineras del Canadá. Las empresas mineras enfrentarán poderosos incentivos económicos para reubicarse sin esas agobiantes cargas legales.
Esto no es bueno tanto para Canadá o la pobre gente de las naciones subdesarrolladas para quienes la minería puede ser una ruta para salir de la pobreza y una esperanza para el futuro, tal como fue para los canadienses en las tempranas fases de su desarrollo económico nacional.
Traducción del inglés por:
José Jorge Aldecoa Davies
San Isidro, 25 de mayo de 2010
[1] El Instituto Fraser es un Comité de Expertos fiscalmente conservador con base en Canadá que propugna los principios del mercado libre. Su mandado establecido es abogar por la libertad y competitividad de los mercados. Generalmente se opone a las soluciones políticas basadas gastos, impuestos, déficit y regulaciones gubernamentales. Algunas de las posturas sobre políticas públicas adoptadas por el Instituto incluyen: mayor libre comercio a lo largo y ancho del mundo, privatización de distintos servicios gubernamentales, libertad de poseer y adquirir armas de fuego sin controles, legalización de la marihuana, competitividad en la escuela primaria, y mayor ingerencia privadas en los servicios de seguro social y salud.
Lema: Un mundo libre y próspero por elección, mercado y responsabilidad – Creación: 1974 – Tipo: Comité de Expertos en Política Pública – Oficina Central: 1770 Burrard Street Vancouver, British Columbia, Canada.
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