La puesta en marcha de al menos tres de los nueve corredores creará desde este año nuevas fronteras en el subcontinente.
Pero en el camino quedarán ganadores y perdedores. Entre los primeros destaca clara-mente Brasil, que hoy promueve su propia versión de la conquista del Oeste.
La mejor muestra de la madurez que está alcanzando el proceso de integración de nuestro subcontinente es la reciente decisión de la Unasur de crear el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, que reemplazará al Comité de Dirección Ejecutiva de la Iirsa (Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana). Una de sus principales tareas será profundizar la integración física regional y aprobar los proyectos en cartera y el plan anual de la Iirsa.
La decisión de dotar de una figura jurídica a la Iirsa dará una solidez institucional al que ha sido descrito como el emprendimiento más ambicioso de ordenamiento territorial jamás emprendido en todo el mundo, consistente en nueve corredores o ejes de integración y desarrollo, con una cartera de 510 proyectos e inversiones por un total de US$74.542 millones, que parece responder precisamente a una de las falencias más notorias que han tenido las distintas iniciativas integracionistas en nuestra región. La primera reunión de ministros del nuevo consejo de la Iirsa será en marzo próximo en Quito.
Aunque cuando la Iirsa fue lanzada -hace una década- pocos apostaron a que esta iniciativa iría algo más lejos que otros tantos abortados intentos integracionistas, Sudamérica pondrá en marcha entre este año y el próximo al menos tres de los ejes, dos de los cuales comprometen directamente a Chile. El corredor Chile-Mercosur (Valparaíso-Mendoza-Buenos Aires-Porto Alegre-Sao Paulo) ya está en plena operatividad y sólo le restan algunas obras de rediseño y ampliación de caminos, lo que se suma al túnel de baja altura que conectará Los Andes con Mendoza.
De los proyectos que partieron en 2000 sin caminos o con vías de tierra en muchos tramos, sin lugar a dudas que los avances mayores han sido en el Corredor Interoceánico Central (CIC), la carretera de 4.700 kilómetros que unirá Atlántico y Pacífico partiendo del puerto brasileño de Santos, cruzará toda Bolivia y finalizará en Arica.
-con conexión a otras arterias viales de la misma zona-, y que en la parte peruana considera además a Tacna, Arequipa y el puerto de Ilo. El lanzamiento oficial del CIC está previsto para fines de 2010 o comienzos de 2011.
Según Rigoberto García, gerente y coordinador nacional en representación de la contra-parte chilena (el Ministerio de Obras Públicas), a mediados de 2009, del total de 510 proyectos de la Iirsa, el 10% (US$6.179 millones) estaba concluido, 36% (US$37.370 millones) en ejecución y 28% en preparación. Si los países mantienen en pie sus compromisos, de los 31 proyectos prioritarios que debieran ser ejecutados en 2010, 27 serán concluidos o cerrarán el año con avances significativos.
Los nuevos límites
La Iirsa impone una visión geográfica y económica integrada de Sudamérica y organiza su espacio en franjas multinacionales concentradoras de los flujos de comercio actuales y potenciales que convergen hacia un estándar mínimo común de calidad de infraestructura de transporte, energía y de telecomunicaciones. Mediante el trazado de rutas multimodales (hidrovías, carreteras, puentes y redes ferroviarias), la masa territorial es reorganizada conforme a las exigencias de un mercado global ávido de recursos.
Los resultados esperados apuntan más a aumentar el comercio extrarregional que el intrarregional. Así, a las fronteras actuales se sobrepondrían otras diseñadas para asegurar la movilidad de capitales y mercancías. Pero la iniciativa afecta de modo diferente a cada país y a cada zona, creando potenciales ganadores y perdedores en función de los beneficios o daños asociados a la materialización de los proyectos. Uno de los mayores riesgos es que podría ahondar las diferencias entre países, regiones y sectores sociales ricos y pobres. En función de unas asimetrías preexistentes, todos se integrarán en el mercado mundial de forma desigual, en función de las “ventajas comparativas” que cada cual presenta. De esta forma, los países con menor nivel de desarrollo relativo arriesgan de manera indefinida consolidar su condición de zonas de abastecimiento de materias primas y territorio de paso de embarques. Brasil y Bolivia son los casos más extremos -pero no los únicos- de todo lo anterior.
Bolivia tiene hoy una modesta participación en la economía regional, pero casi ninguna en el ámbito hemisférico. Sin embargo, el altiplano boliviano es el paso más corto y de mejores condiciones para el flujo de mercancías hacia los puertos del Pacífico, y además el país cuenta con las segundas mayores reservas de hidrocarburos del subcontinente y es el número uno mundial en litio. Esta confluencia de una posición geográfica clave, un territorio rico en biodiversidad y la posesión de importantes reservas minerales determinaron que cinco de los ejes de integración crucen por su territorio.
Esta concepción de un “país-corredor” puede facilitar la atracción de inversiones a Bolivia, pero no necesariamente beneficiarla. El impacto ambiental del megaproyecto hidroeléctrico Madeira -que involucra una extensa región de la Amazonía boliviana, peruana y brasileña- será distribuido proporcionalmente entre los tres países.
Pero sus beneficios recaerán sólo en Brasil: empresas brasileñas o multinacionales instaladas en este país serán el único comprador de toda la energía producida, imponiendo a sus socios sus propias condiciones de contratos y precios. A Brasil, este tipo de integración le permitiría avanzar en su anhelo de lograr una posición dominante en América Latina (participa en al menos siete de los ejes) al incorporar a su zona de influencia a los países de su entorno geográfico más próximo. Al decir de uno de los máximos directivos de su complejo financiero, Carlos Lessa, ex presidente del poderoso banco BNDES y uno de los principales financistas de la Iirsa, “Brasil promueve su propia versión de la conquista del Oeste en una zona selvática vecina a Perú y Bolivia”.
La combinación de las inversiones en la construcción de carreteras, hidrovías y en represas, y las inversiones del sector privado en la extracción de recursos y la agroindustria no sólo tendrán efectos directos sobre la biodiversidad y el campesinado. Organizaciones ambientalistas temen que los impactos medioambientales, sociales, culturales y económicos en los Andes, la Cuenca Amazónica, el Mato Grosso, el Pantanal y los ríos Paraguay y Paraná serán irreversibles en muchos casos.
Michael Valqui, representante de la Fundación World Wildlife en Perú, dice que “la mayoría de los corredores de la Iirsa atraviesa territorios indígenas y áreas de ecosistemas biodiversos y sensibles, caracterizados por una mínima presencia estatal, débiles instituciones públicas y en muchos casos un conflicto social significativo. Un informe del Instituto de Estudios Socioeconómicos de Brasil menciona entre los impactos directos el desplazamiento y la disrupción social, la erosión, la deforestación, la contaminación y los cambios potencialmente significativos en la hidrología de los ríos y en los ecosistemas de llanura aluvial. Y entre los indirectos, la explotación a gran escala de madera, minerales y otros recursos naturales”.
La estrategia de Brasil
Desde un comienzo su principal impulsor, Brasil, pretende con la Iirsa consolidar un relación centro-periferia muy similar a la existente entre el norte y el sur. Independientemente de su orientación política, las distintas administraciones gubernamentales brasileñas mantienen una invariable estrategia: elevar su competitividad en el mercado internacional vinculándola a la integración de Sudamérica, en la forma cómo lo entienden Itamaraty y su poderoso Ministerio de Planeamiento Económico: una integración subordinada por partida doble. A Brasil por parte del resto de los países de la región, y del conjunto de ésta a las multinacionales y al mercado global.
Proyectos como el Complejo Río Madeira forman parte de la geopolítica brasileña de expansión hacia el oeste y de ocupación de territorios “vacíos” y de control de recursos estratégicos como los hidrocarburos bolivianos. El complejo -que será financiado por el BNDES- demanda una inversión cercana a los U$S6.000 millones y beneficiará a las brasileñas Odebrecht, Furnas Centrais Elétricas y al grupo Maggi. Una similar estrategia se advierte detrás de la forma cómo opera el BNDES: ha aprobado varios proyectos Iirsa para la construcción y modernización de centrales hidroeléctricas en Venezuela; el Acceso a la Hidrovía del Napo EID (Amazónico) y complejos hidroeléctricos en Ecuador, y de infraestructura energética y vial de interés común en Bolivia. Pero en ésos y otros casos su participación financiera está supeditada a que sus contrapartes contraten empresas y compren insumos brasileños.
Una muy estrecha relación entre las empresas y el gobierno existe en cada uno de los consejos gubernamentales que elaboran los planes estratégicos de desarrollo: asesores de las grandes empresas de ingeniería y de construcción participan en todos ellos. La perfecta simbiosis entre un diseño geopolítico, la funcionalidad de las inversiones requeridas por la Iirsa y su estrecha relación con las demandas y necesidades de los grandes conglomerados empresariales nacionales y extranjeros asentados en Brasil explica tanto la génesis como la orientación de varios de los más importantes proyectos de la iniciativa.
El complejo Madeira, la ampliación de la hidroeléctrica de Tucuruí, los megaproyectos de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingu (que crearía el se-gundo mayor lago hidroeléctrico del mundo) o la ampliación del complejo hidroeléctrico de Estreito (50 hidroeléctricas en la cuenca del río Araguaia) son motivados en gran medida por las demandas electro-intensivas de la industria de aluminio, del cual Brasil es uno de los principales productores mundiales.
Son datos a tener en cuenta al momento de sacar cuentas (¿alegres?) sobre los beneficios de Chile al menos con su participación en el corredor interoceánico. Además de operar como simple plataforma de salida de los bienes del corazón amazónico, Santiago pretende agregar valor a sus propios ítems exportados.
A Brasil no le es despreciable apalancarse en los acuerdos de libre comercio firmados por Chile con 56 países para colocar sus productos entre un mercado estimado en 4.000 millones de consumidores. Pero Brasil viene por eso y mucho más: el propio Presidente Lula da Silva considera ”una vergüenza” que Chile tenga volúmenes de inversiones bilaterales mayores que Brasil en una proporción de uno a cuatro. Y además se dispone a expandir en Chile su estratégica industria de biocombustibles.
17/01/10
LA NACION CHILE
http://www.nuestromar.org/noticias/politica_y_economia/18_01_2010/28168_las_nuevas_fronteras_de_sudamerica
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