El Gobierno cambia la ley y abre la puerta a ampliar la vida de las nucleares
CRISTINA JIMÉNEZ ORGAZ | MADRID
El Consejo de Ministros cerró ayer el año con un paquete de medidas que modifica la ley de Energía nuclear y sucedió lo que parecía imposible. Tras meses de cerrazón y una condena de cierre para la central de Santa María de Garoña -fijada para 2013- el Gobierno ha aprobado una reforma que habilita la renovación de las licencias de explotación de las centrales nucleares en España. El periodo de funcionamiento ordinario se establece en 40 años, pero el Ejecutivo se reserva la posibilidad de autorizar ampliaciones.
De acuerdo con las características del parque atómico español, «todas las centrales (excepto Garoña)», aclara la nota del Ministerio de Industria, «estarán sujetas, al menos, a una renovación ordinaria más». Las otras siete centrales no alcanzarán los 40 años de vida hasta al menos 2021, aunque entre 2010 y 2011 casi todas deban renovar su licencia.
Cementerio atómico
Estos cambios en la ley permiten a Sebastián acercar posturas con el PP de cara a la firma de un pacto de Estado de Energía. El principal partido de la oposición reclama desde hace tiempo la apertura del debate sobre la necesidad de mantener este tipo de energía dentro del mix de generación y con un papel complementario al de las renovables, que deberán cubrir el 20% de la demanda en 2020.
Otra de las novedades de la propuesta radica en la convocatoria para los municipios que quieran albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos radiactivos de alta actividad. El Ministerio de Industria ya tiene luz verde para abrir el proceso de búsqueda de un emplazamiento -pendiente desde que se aprobara el proyecto en 2006- que contará con una inversión de 700 millones de euros y que lleva asociada a su construcción un Centro Tecnológico. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, avanzó que «unos cien» municipios ya se han interesado por este plan.
El mercado libre, más caro
En plena crisis económica y con los precios cayendo en picado desde hace 5 meses, el Gobierno decidió ayer incrementar el recibo de la luz. Desde el 1 de enero los casi 23 millones de hogares y pequeñas empresas que se acogen a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno, deberán pagar un 2,64% más por la electricidad que consuman.
Quienes más sufrirán este encarecimiento son aquellos hogares y pymes que están fuera de la tarifa regulada y cuyo coste de acceso -establecido por el Ejecutivo-, que supone el 50% de su recibo, experimentará una subida de entre un 14 y un 16%.
Este aumento pretende escalonar una subida para los consumidores que se acercará al 10% al finalizar el año. La intención de Industria es repartir el peso del incremento entre las cuatro oportunidades de revisión que tiene al año: ésta de enero y tres más, en abril, julio y octubre. En lo que respecta al gas natural para usuarios domésticos, las tarifas no sufrirán cambios.http://www.abc.es/20091224/
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